El principio de la antijuridicidad material : regulación y aplicación / Carlos Arturo Gómez pavajeau

Lo que aquí se escribe es, fundamentalmente, producto del ejercicio de la judicatura. De esa noble labro, la más importante quizás en el ejercicio de la función pública, que ha sido menospreciada extrainstitucional e intrainstitucionalmente. Lo primero por la poca importancia que se le asigna por parte de los otros poderes públicos, y lo segundo por la miope visión que han tenido muchos de sus representantes en tanto han tomado la judicatura como trampolín para obtener otros beneficios o para satisfacer apetitos burocráticos a costa de la imagen de la institución. Todo lo anterior ha llevado al desgaste de la administración de justicia, que se ha imbuido de formalismos y legalismos que día a día le hacen perder el respeto por parte de la sociedad. Esto se ve acentuado por la falta de legitimidad de sus decisiones y del factor humano que la compone, pues tradicionalmente fueron reclutados sin apoyo en fundamentos serios que permitieran pensar que los escogidos para desempeñar la función judicial eran los más preparados sicológica, moral y jurídicamente. Tal manera de proceder desemboca en la ilegitimidad de los fallos judiciales que, aunque formalmente pueden ser legales, no corresponden con la altura debida a tan importante misión. No hay duda de que el formalismo es necesario, pero su práctica por practicarlo, con olvido de lo sustancial, nos conduce a una justicia de formas y apariencia. No obstante lo anterior, soplan nuevos vientos renovadores en la institución, uno de los cuales es el advenimiento a su seno de la carrera judicial, lo que permitirá con el tiempo una total legitimidad en el personal escogido y su preparación científica, que les otorgará a su decisiones el respeto que debe traducir un fallo cuando se tocan intereses de los asociados en la solución de los conflictos planteados.