El derecho de acceso a los cargos públicos / Enric Fossas Espadaler

La recuperación del valor normativo de la Constitución, garantizado por la Justicia constitucional, ha abierto nuevas perspectivas al análisis jurídico de la participación política como derecho fundamental en el Estado democrático de Derecho. El artículo 23 de la Constitución española, como regla a través de la que se despliega la dimensión material del principio democrático, garantiza la vertiente activa y pasiva del derecho fundamental de participación política de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional, mediante una interpretación sistemática de los apartados del precepto, ha operado una auténtica creación jurisprudencial del derecho de acceso a los cargos públicos que ha dilatado su ámbito de protección. El artículo 23.2 se ha convertido así en la puerta que ha permitido a nuestra Justicia constitucional entrar en dos campos esenciales del proceso político: el sistema electoral y el funcionamiento de los órganos representativos. Hecho que reviste especial trascendencia en el marco de un Estado de partidos en el que toda lucha política persigue no sólo un fin objetivo, sino también, y ante todo, el control sobre la distribución de cargos.