La asistencia legal gratuita a la víctima del delito en el marco del sistema penal acusatorio / Egberto Saldaña Guido

La entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en sept. de 2011 por medio de la Ley 63 de 2008, ha resaltado la importancia de la víctima del delito en el proceso penal, llamada por muchos la cenicienta o la gran olvidadda del derecho penal. Para la doctrina penal la víctima era asociada simplemente a un elemento del tipo penal: el sujeto pasivo, no existiendo mayor preocupación por sus derechos y su condición humana, de allí el surgimiento de un nuevo derecho que tutele sus intereses y se ocupe de su asistencia: el derecho victimal, ya que el derecho penal no fue crado propiamente para proteger los derechos de las víctimas como apunta el destacado profesor mexicano Luis Rodríguez Manzanera.

Por tanto, se mantienen y amplían los derechos procesales de la víctima del delito, uno de los que se conserva es el de recibir asistencia legal gratuita del Estado por medio de un abogado (a), asistencia que puede orientarse a un asesoramiento, acompañamiento en diligencias y representación judicial como querellante y acusador autónomo. El presente ensayo aborda este derecho dentro del marco regulatorio de la Ley 63 de 2008 y el importante cuestionamiento acerca de quién debe asumir la defensa pública de la víctima del delito.

La entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en sept. de 2011 por medio de la Ley 63 de 2008, ha resaltado la importancia de la víctima del delito en el proceso penal, llamada por muchos la cenicienta o la gran olvidada del derecho penal. Para la doctrina penal la víctima era asociada simplemente a un elemento del tipo penal: el sujeto pasivo, no existiendo mayor preocupación por sus derechos y su condición humana, de allí el surgimiento de un nuevo derecho que tutele sus intereses y se ocupe de su asistencia: el derecho victimal, ya que el derecho penal no fue creado propiamente para proteger los derechos de las víctimas como apunta el destacado profesor mexicano Luis Rodríguez Manzanera. Por tanto, se mantienen y amplían los derechos procesales de la víctima del delito, uno de los que se conserva es el de recibir asistencia legal gratuita del Estado por medio de un abogado (a), asistencia que puede orientarse a un asesoramiento, acompañamiento en diligencias y representación judicial como querellante y acusador autónomo. El presente ensayo aborda este derecho dentro del marco regulatorio de la Ley 63 de 2008 y el importante cuestionamiento acerca de quién debe asumir la defensa pública de la víctima del delito.