Delitos contra la administración pública en el nuevo código penal : Ley 14 de 18 de mayo de 2007 / Alianza Ciudadana Pro Justicia
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Panamá : Alianza Ciudadana Pro Justicia, 2007.Descripción: 30 páginasISBN:- 9789962884866
- 18 ed. D343.5 ALI e.1 8
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Leyes | 8-Panamá, Biblioteca Judicial "Rodrigo Molina Amuy" Fondo general | Col. General | D343.5 ALI e.1 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | Disponible | 006461 | |
Leyes | 8-Panamá, Biblioteca Judicial "Rodrigo Molina Amuy" Fondo general | Col. General | D343.5 ALI e.2 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Disponible | 006462 |
El Código Penal es un instrumento de control social que tiene el Estado para sancionar la criminalidad o delincuencia y, a la vez, es un medio de lucha contra la corrupción- uno de los peores males de nuestros tiempos- que se manifiesta tanto en el sector público como en el privado a través de la malversación de fondos públicos, del abuso de poder de pagos ilícitos, tráfico de influencias, enriquecimiento injustificado. Con la aprobación y promulgación del Nuevo Código penal, el cual comenzará a regir el 23 de mayo de 2008, se cumple una de las propuestas planteadas por el Pacto de Estado por la justicia, que reconocía la necesidad urgente de una reforma integral del sistema de justicia penal, además, se complementa así un esfuerzo continuado de revisión del Código Penal de 1982 y se logra la integración de las leyes adicionales que han sido expedidas en los últimos 25 años, mediante las cuales se crearon o reformaron varios artículos del Código, para actualizar la legislación según los Convenios internacionales aprobados por Panamá. Frente a las altas denuncias de corrupción, como las que azotan al país, se requiere la adopción de medidas preventivas y represivas que sanciones penalmente a quienes han escogido estos modelos negativos en su comportamiento cotidiano. La corrupción genera en los políticos una pugna por las ambiciones e intereses particulares, acrecienta la burocracia estatal y genera servicios públicos deficientes, a la vez que crea una cultura inmoral, de aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio propio. Por lo anterior, los particulares como los servidores públicos están legalmente obligados a denunciar todo acto que aparezca en el Código Penal como delito de corrupción.
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