Responsabilidad patrimonial del estado : por fallas en la administración de justicia / José D. Carrizo Durling

Éste tema es de vital importancia, sobre todo, en los tiempos actuales. Permite desarrollar algunas ideas respecto de qué entidad o persona asume la obligación de indemnizar cuando un funcionario o entidad pública ocasiona el daño. Si en el campo de la responsabilidad civil de los particulares se presentan diferentes posiciones de la doctrina y la jurisprudencia, en tratándose de la responsabilidad de estado, estas diferencias han sido más notorias en su desarrollo por cuanto en un principio se consideraba como algo consustancial de la organización estatal que la soberanía no permitía exigir responsabilidad patrimonial del estado por hechos cometidos por sus colaboradores. Así las cosas, quizás convenga repasar- aunque de modo suscinto - la evolución histórica que se ha seguido respecto al tema. Inicialmente, prevaleció la tesis de la irresponsabilidad del estado en los resultados dañosos que sus servidores ocasionaban con actos o hechos, pues se sostenía que el concepto de soberanía no podía limitarse y que, por lo tanto, el Estado no asumía ninguna responsabilidad en aquellos daños que originaran su actividad o la de sus funcionarios. Posteriormente, dicho criterio inicial sufre transformaciones que trajeron consigo la aceptación que aunque el Estado no era responsable, sí podía serlo el funcionario que actuando a su nombre ocasionaba un daño. Se aceptó entonces, la responsabilidad personal del funcionario público, pero no la del Estado.