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Política criminal / Hipólito Gill Suazo

Por: Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: Panamá : Alvaro Gómez Astúa, 2020.Edición: 1 edDescripción: 35 páginasTema(s): Clasificación CDD:
  • 18 ed. 364 GIL e.1 8
Resumen: La vinculación al Derecho y la utilidad político-criminal no pueden contradecirse, sino que tienen que compaginarse en una síntesis, del mismo modoque el estado de derecho y el estado social no forman en verdad contrastes irreconciliables, sino una unidad dialéctica. Un orden estatal sin una justicia social, no forma un Estado material de Derecho, como tampoco un estado planificador y tutelar, que no consigue la garantía de la libertad como en el Estado de Derecho, no puede pretender el calificativo de constitucionalidad socio estatal. Es un tema técnico sobre el cual no existe mayor compromiso, pues en el fondo del slogan o cliché política criminal se encuentran las razones profundas de la organización política y socioeconómica del Estado, por lo que como paarece obvio se tarta de un tema incómodo para quienes se han arrogado la función de regular la función punitiva del Estado. Es además un tema ideológico, pues se encuentra dentro de las políticas generales del Estado, por lo que sus contenidos van a depender del discurso político-absoluto, democrático: real o en apariencia de una determinada organización política y económica, como se sugiere : "La política criminal del Estado democrático va dirigida a disminuir hasta niveles tolerables las cifras de criminalidad, pero no se pretende borrar toda huella de la presencia del delito. La lucha contra el crimen no puede emprenderse a costa del sacrificio de las libertades y garantías del ciudadano, pues el respeto a los deerchos fundamentales constituye uno de sus principios de carácter irrenunciable. Por eso su política criminal es más difícil de llevar a cabo, pues tiene que guiarse por un cuidadoso equilibrio entre el necesario mantenimiento de unos mínimos en materia de seguridad ciudadana y el pulcro respeto a los derechos humanos de todos los individuos, incluidos los delincuentes.
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Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura topográfica Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libros/ General Libros/ General 8-Panamá, Biblioteca Judicial "Rodrigo Molina Amuy" Fondo general Col. General 364 GIL e.1 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) e.1 Disponible 006824

La vinculación al Derecho y la utilidad político-criminal no pueden contradecirse, sino que tienen que compaginarse en una síntesis, del mismo modoque el estado de derecho y el estado social no forman en verdad contrastes irreconciliables, sino una unidad dialéctica. Un orden estatal sin una justicia social, no forma un Estado material de Derecho, como tampoco un estado planificador y tutelar, que no consigue la garantía de la libertad como en el Estado de Derecho, no puede pretender el calificativo de constitucionalidad socio estatal. Es un tema técnico sobre el cual no existe mayor compromiso, pues en el fondo del slogan o cliché política criminal se encuentran las razones profundas de la organización política y socioeconómica del Estado, por lo que como paarece obvio se tarta de un tema incómodo para quienes se han arrogado la función de regular la función punitiva del Estado. Es además un tema ideológico, pues se encuentra dentro de las políticas generales del Estado, por lo que sus contenidos van a depender del discurso político-absoluto, democrático: real o en apariencia de una determinada organización política y económica, como se sugiere : "La política criminal del Estado democrático va dirigida a disminuir hasta niveles tolerables las cifras de criminalidad, pero no se pretende borrar toda huella de la presencia del delito. La lucha contra el crimen no puede emprenderse a costa del sacrificio de las libertades y garantías del ciudadano, pues el respeto a los deerchos fundamentales constituye uno de sus principios de carácter irrenunciable. Por eso su política criminal es más difícil de llevar a cabo, pues tiene que guiarse por un cuidadoso equilibrio entre el necesario mantenimiento de unos mínimos en materia de seguridad ciudadana y el pulcro respeto a los derechos humanos de todos los individuos, incluidos los delincuentes.

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