Casuística electoral : 1995- 2021 / Heriberto Araúz Sánchez

Por más eficiente y diligente que sea el proceso formativo de la legislación electoral, en términos generales los ordenamientos jurídicos electorales suelen tener deficiencias en la regulación de los procesos electorales, pudiendo presentarse contradicciones, ambigüedades y vacíos normativos. Así, a través de la jurisprudencia, existe una estrecha relación entre el Órgano que produce las leyes y el que las interpreta y aplica, ya que los jueces ayudan a perfeccionar y a reconstruir el ordenamiento jurídico, llenando los vacíos de la ley, estableciendo su correcto alcance, evitando confusiones al momento de su aplicación de cuando su tenor literal no sea lo suficientemente claro, complementando e integrando el ordenamiento jurídico, para aportarle mayor claridad en su entendimiento e interpretación. La Constitución Política establece que el Tribunal Electoral tiene la atribución de interpretar y aplicar privativamente la Ley Electoral y, mediante la reforma constitucional de 2004, se fortalece su autonomía, al indicarse que sus decisiones sólo pueden ser atacadas por la vía de la demanda de inconstitucionalidad, excluyendo de esa forma la interposición de amparos y advertencias de inconstitucionalidad.