Convención y protocolo contra la tortura / Panamá. Defensoría del Pueblo

Tras la creación del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ( en reemplazo de la Comisión), Panamá se sometió al primer Examen Periódico Universal, bajo lo nuevos términos del funcionamiento del mencionado Consejo. De ese ejercicio ( que culminó con la aprobación del Examen Periódico Universal, en marzo de 2011) emanaron una serie de recomendaciones que el Estado panameño se comprometió a asumir. Una de ellas: "Considerar la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención ya era ley de la República desde 1987, por lo que, la aprobación de su nuevo Protocolo se erigía en un avance para robustecer la vigencia de la Convención. A la fecha de presentación del "Informe del Grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal" para el caso de Panamá (4 de enero de 2011), el estado sumió entre sus "promesas y compromisos voluntarios", ratificar el mencionado Protocolo, y lo expresó en éstos términos, según el citado Informe: "Después de haber firmado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en septiembre último, el Gobierno tenía la intención de ratificarlo en un futuro próximo". La importancia este Protocolo se explica por sí sola en su texto: "El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". Ahora este texto ha sido incorporado en la legislación panameña mediante la Ley nº 26 de 30 de marzo de 2011, por la cual se aprueba el Protocolo contra la Tortura.